El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena medidas para reducir el impacto ambiental de la pesca incidental en Colombia
Magistrado ponente: Oscar Armando Dimaté Cárdenas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la adopción de medidas concretas para prevenir el daño ambiental que puede generar la pesca incidental sobre especies protegidas en el Caribe y el Pacífico colombiano.
En una sentencia de primera instancia, la Sala concluyó que, ante la falta de controles suficientes, existe un riesgo para la biodiversidad marina y, por ello, aplicó el principio de precaución para proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de especies animales y vegetales.
El Tribunal determinó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP) deberán, en un plazo máximo de cinco meses, poner en marcha un programa de monitoreo y control que permita reducir las capturas accidentales de especies vulnerables como tortugas, aves marinas y peces.
Entre las medidas ordenadas se encuentran:
– Cambios en las artes de pesca, como el uso de anzuelos circulares, la modificación del tamaño de los anzuelos, la eliminación de guayas y la implementación de dispositivos disuasivos para aves.
– Ajustes operativos en la actividad pesquera, como la profundización de los anzuelos, cierres temporales o por zonas, pesca nocturna, uso obligatorio de kits para liberar fauna capturada y capacitación de las tripulaciones.
– Fortalecimiento del monitoreo, mediante observadores a bordo, reportes obligatorios de capturas incidentales, límites máximos permitidos y certificaciones de pesca sostenible.
– Establecimiento de límites a la captura incidental y adopción de incentivos para quienes implementen prácticas responsables de pesca, involucrando a toda la cadena productiva, desde los pescadores hasta los consumidores.
La decisión también aclaró que algunas órdenes ambientales ya habían sido impartidas en procesos judiciales anteriores, por lo que existe cosa juzgada parcial frente a esos puntos específicos. Sin embargo, el Tribunal enfatizó que ello no impide adoptar nuevas medidas preventivas frente a los riesgos actuales para el ecosistema marino.
Para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo, se ordenó la creación de un comité de verificación, liderado por la Procuraduría General de la Nación, el cual deberá presentar informes trimestrales al Tribunal.
