La Corporación Excelencia para la Justicia premia sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca destaca con orgullo el reconocimiento otorgado por la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ) a los magistrados Felipe Alirio Solarte Maya y Luis Manuel Lasso Lozano, quienes recibieron el galardón a “Mejor Sentencia de Tribunal Administrativo por Impacto Social”, premio que exalta las decisiones judiciales más trascendentes para la defensa de los derechos colectivos y la garantía del interés público.
Tales distinciones, honran a nuestra jurisdicción y constituyen un referente para la función judicial, fortalecen la confianza ciudadana y enaltecen el trabajo colectivo de nuestro Tribunal
Sentencia sobre la tragedia de Mocoa- Proceso 250002341000201700687-00. Magistrado ponente: Felipe Solarte Maya
La sentencia está relacionada con la reparación de perjuicios causados al grupo de víctimas de la avalancha de Mocoa de 2017, una de las tragedias humanitarias más graves del país.
En esta decisión –de más de 700 páginas de análisis jurídico, técnico y probatorio– la Sala evaluó la responsabilidad administrativa de múltiples entidades del Estado frente a una catástrofe que dejó más de 600 personas fallecidas y miles de damnificados.
La sentencia constituye un referente en: reconocimiento de los derechos de las víctimas; análisis estructural del riesgo y la omisión estatal en la prevención de desastres; aplicación del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo y desarrollo jurisprudencial en responsabilidad administrativa por omisión en gestión del riesgo.
Su impacto social radica en la visibilización de obligaciones estatales en prevención, gestión del riesgo y atención de emergencias, reforzando garantías para comunidades vulnerables.
Sentencia sobre acceso equitativo a medicamentos – Proceso 25000234100020190076300 Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano
La sentencia está relacionada con la protección de los derechos colectivos en el ámbito de la salud pública, especialmente en lo relacionado con: regulación del precio de medicamentos; moralidad administrativa; protección del patrimonio público y garantía del acceso universal, oportuno y equitativo a tratamientos médicos esenciales.
La decisión, de profundo impacto nacional, ordenó la adopción de medidas estructurales a diversas entidades como el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y las Superintendencias, con el fin de asegurar la transparencia, eficiencia y equidad en la cadena de suministro y comercialización de medicamentos.
Esta sentencia se convierte en referente para el fortalecimiento del sistema de salud, la vigilancia de precios y la garantía de derechos fundamentales y colectivos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebra estos reconocimientos como un reflejo del compromiso institucional con la justicia, la protección de los derechos colectivos y la defensa del interés general.
