Tribunal Administrativo de Cundinamarca condena al Departamento del Amazonas por no suscribir un contrato de interventoría adjudicado
Magistrado ponente: Franklin Pérez Camargo
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Departamento del Amazonas por no suscribir un contrato de interventoría adjudicado a la Unión Temporal Carrera 10 para supervisar obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación en Leticia.
La controversia surgió porque en diciembre de 2019, el Departamento del Amazonas adjudicó a la Unión Temporal Carrera 10 un contrato de interventoría por más de 1.794 millones de pesos. Su objeto era supervisar técnica, administrativa, financiera, contable y jurídicamente la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como la reposición del pavimento en un sector de Leticia.
Según el cronograma del proceso de selección, el contrato debía suscribirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto de adjudicación. Aunque el adjudicatario requirió en varias oportunidades a la entidad para formalizar el negocio, el contrato no fue firmado.
La obra que sería objeto de interventoría tampoco se contrató, pues la Gobernación había revocado su proceso de licitación por falta de soporte técnico. La entidad también invocó posteriormente la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 para explicar la falta de suscripción del contrato de interventoría.
El Tribunal precisó que el acto de adjudicación crea una relación jurídica vinculante y genera obligaciones recíprocas para la entidad pública y el adjudicatario, entre ellas, la de suscribir el contrato en el plazo y bajo las condiciones establecidas en el proceso de selección. Como regla general, ese acto es irrevocable y obligatorio.
Concluyó que no se acreditó ninguna de las circunstancias excepcionales que permitían apartarse de la adjudicación. Además, descartó que la emergencia sanitaria justificara la omisión, pues el contrato debía firmarse en enero de 2020 y las medidas relacionadas con la pandemia fueron adoptadas posteriormente.
La Corporación determinó que la imposibilidad de ejecutar la interventoría se originó exclusivamente en actuaciones del Departamento del Amazonas, que revocó el proceso de contratación de la obra por deficiencias técnicas y no adelantó uno nuevo. Esa situación era ajena al adjudicatario y, por tanto, la entidad debía reparar los perjuicios ocasionados.
En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia, declaró responsable al Departamento del Amazonas y lo condenó al pago utilidad dejada de percibir, conforme a las reglas previstas por el Consejo de Estado correspondiente el 5% por ser el porcentaje que normalmente se espera obtener por la ejecución de los negocios jurídicos celebrados con el Estado.
