Tribunal Administrativo de Cundinamarca anula sanción disciplinaria impuesta a patrullero por pérdida de arma durante disturbios
Magistrado ponente: Alberto Espinosa Bolaños
La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de los fallos disciplinarios mediante los cuales la Policía Nacional sancionó a un patrullero con suspensión e inhabilidad especial por seis meses, sin derecho a remuneración.
La decisión se adoptó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que un patrullero de la Policía Nacional cuestionó la sanción disciplinaria impuesta por la pérdida de su arma de dotación durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, en inmediaciones del CAI El Rincón, en la localidad de Suba. El uniformado acudió junto con otros policías a auxiliar a un compañero que solicitó apoyo ante el riesgo de que una multitud incendiara las instalaciones. Durante el operativo, varias personas lo agredieron y le arrebataron el cinturón donde portaba su pistola, proveedores y munición.
La Policía Nacional lo sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 6 meses, sin remuneración, al considerar que había extraviado el armamento y desconocido las instrucciones institucionales sobre el porte de armas de fuego durante manifestaciones.
El Tribunal explicó que el literal d) del numeral 21 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 sanciona conductas relacionadas con el extravío o la pérdida de bienes y equipos de la Policía Nacional. Sin embargo, determinó que la conducta atribuida al patrullero no correspondía a la falta disciplinaria, porque las pruebas demostraron que el arma le fue sustraída mediante violencia y no por descuido o negligencia.
La Corporación tuvo en cuenta los informes presentados por el uniformado, la denuncia penal por hurto y violencia contra servidor público, los testimonios y la incapacidad médica derivada de las agresiones. Consideró que su presencia en el lugar obedeció a la necesidad de proteger la vida de un compañero y no a una decisión voluntaria de intervenir en las manifestaciones.
Precisó que, incluso si se considerara que el patrullero incumplió los protocolos institucionales, las circunstancias de violencia e intimidación permitirían aplicar una causal de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los fallos disciplinarios y del acto que ejecutó la sanción. Ordenó a la Policía Nacional pagar los salarios, prestaciones y demás conceptos dejados de percibir durante los 6 meses de suspensión, debidamente actualizados, y eliminar la anotación de la sanción de la hoja de vida del patrullero y de los registros de la Procuraduría General de la Nación. Dispuso que, si el uniformado cumple los requisitos legales, se le permita participar en el próximo curso de ascenso, sin ordenar su promoción automática.
