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Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena al Ministerio del Trabajo reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas y reglamentar su acceso no contributivo a la seguridad social

Magistrado ponente: César Giovanni Chaparro Rincón

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo reconocer los riesgos ocupacionales a los que están expuestas las mujeres rurales y campesinas, así como reglamentar la forma en que podrán acceder al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo hagan mediante aportes contributivos, en cumplimiento del inciso tercero del artículo 32 de la Ley 2466 de 2025, que adicionó el artículo 103C al Código Sustantivo del Trabajo.

La decisión se adoptó en una acción de cumplimiento en la que se expuso que el Ministerio no había adelantado las actuaciones necesarias para reconocer los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por las mujeres rurales y campesinas, ni expedido la reglamentación que permitiera garantizar su acceso no contributivo al sistema de seguridad social.

El Tribunal explicó que la acción era procedente, porque la norma cuyo cumplimiento se solicitó no implicaba una erogación de recursos públicos, pues únicamente ordenaba reglamentar el mecanismo de afiliación a la seguridad social y no la forma de financiar las cotizaciones.

Determinó que la Ley 2466 de 2025 contiene mandatos claros, expresos e imperativos, que obligan al Ministerio del Trabajo a identificar y reconocer los riesgos ocupacionales de esta población, teniendo en cuenta sus particularidades biológicas y sociales, así como las múltiples jornadas de trabajo que desempeñan, incluidas las labores de cuidado de familiares, personas enfermas y personas con discapacidad.

La Corporación precisó que, aunque el legislador no estableció un plazo específico para expedir la reglamentación, el ejercicio de la potestad reglamentaria debe realizarse dentro de un término razonable que, conforme a la jurisprudencia, no puede superar seis meses cuando resulta indispensable para garantizar la aplicación efectiva de la ley. En este caso, dicho término venció el 25 de diciembre de 2025, sin que el Ministerio hubiera acreditado actuaciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales.

Resaltó que el reconocimiento de los riesgos ocupacionales constituye una obligación exigible desde la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, el 25 de junio de ese año. En consecuencia, estableció que el Ministerio del Trabajo había incumplido tanto el deber de reconocer dichos riesgos como el de reglamentar el acceso no contributivo de las mujeres rurales y campesinas al Sistema de Seguridad Social Integral.

Por estas razones, ordenó a la Entidad adelantar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, los estudios y gestiones administrativas necesarios para reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas. Adicionalmente, dispuso que, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de ese primer plazo, deberá expedir la reglamentación sobre la forma en que esta población accederá al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo haga de manera contributiva.

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