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Tribunal Administrativo de Cundinamarca establece que las limitaciones de formularios y plataformas de la DIAN no pueden convertirse en barreras que impidan el ejercicio de los derechos de los contribuyentes

Magistrada ponente: Edith Alarcón Bernal

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto mediante el cual la DIAN inadmitió una solicitud de devolución y/o compensación por un presunto pago en exceso del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 y; en consecuencia, ordenó a la entidad admitirla y resolver de fondo si procede la devolución o compensación solicitada.

La controversia se originó porque el contribuyente liquidó el impuesto teniendo en cuenta los avalúos catastrales vigentes de dos inmuebles. Posteriormente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —IGAC— disminuyó esos avalúos mediante una decisión adoptada en 2020, a la que otorgó efectos retroactivos desde 2014. Ante esta circunstancia, el contribuyente consideró que había pagado un mayor valor por el impuesto de renta de 2015 y solicitó a la DIAN su devolución y/o compensación.

La DIAN inadmitió la solicitud por inconsistencias en el diligenciamiento de varias casillas del Formato 010, la falta de certificación bancaria y la ausencia de citas individuales para los recibos de pago. Además, durante el trámite se discutió la necesidad de corregir previamente la declaración de renta, pese a que esta ya se encontraba en firme.

La Corporación consideró que la facultad de la DIAN para establecer requisitos y controlar las solicitudes de devolución no puede convertirse en una barrera que impida la efectividad del derecho sustancial. En el caso concreto, el formulario utilizado por la entidad no permitía reflejar adecuadamente una situación excepcional derivada de la modificación retroactiva de los avalúos por parte del IGAC. Por ello, no resultaba válido inadmitir la solicitud porque el contribuyente hubiese remitido una explicación anexa para exponer las particularidades de su caso. Calificó estas exigencias como un exceso procedimental contrario al debido proceso.

Concluyó que no podía impedirse el trámite por no haber agendado citas virtuales cuando esa exigencia provenía de una circular y, además, se acreditó que la plataforma de la DIAN no tenía disponibilidad para programarlas. Imponer al contribuyente una actuación materialmente imposible vulneraba sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Asimismo, determinó que no era exigible corregir la declaración de renta que ya se encontraba en firme, pues el eventual pago en exceso no tenía origen en un error atribuible al contribuyente, sino en una circunstancia externa y sobreviniente originada por el IGAC al reducir retroactivamente los avalúos catastrales utilizados para determinar el impuesto. Exigir una corrección que jurídicamente ya no podía realizarse impediría que la solicitud fuera examinada de fondo.

La Corporación precisó que su decisión no significa que haya reconocido directamente la existencia de un saldo a favor o que haya ordenado a la DIAN devolver una suma determinada. Corresponde a la Administración tributaria analizar las obligaciones del contribuyente y establecer, al resolver de fondo la solicitud, si efectivamente existen valores pagados en exceso susceptibles de devolución o compensación.

En consecuencia, el Tribunal anuló el auto inadmisorio expedido por la DIAN y ordenó admitir la solicitud y efectuar su estudio de fondo, garantizando que las formalidades administrativas no se conviertan en obstáculos que hagan imposible el ejercicio de los derechos del contribuyente.

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