Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a empresa privada restituir al IDRD el parqueadero de la unidad deportiva “El Salitre”
Magistrada ponente: Beatriz Teresa Galvis Bustos
La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la orden impartida a Proyectos y Consultorías RC S.A.S. de restituir al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, el parqueadero del sector La Bolera de la Unidad Deportiva “El Salitre”. Concluyó que el aprovechamiento económico correspondía a un contrato estatal cuyo plazo había vencido y no podía entenderse prorrogado por la permanencia de la sociedad, la recepción de pagos o el silencio de la entidad.
La decisión se adoptó en el medio de control de controversias contractuales, en el que se solicitó la restitución de un inmueble. Se expuso que, desde el año 2016, el IDRD permitió a Proyectos y Consultorías RC S.A.S. administrar y explotar económicamente un parqueadero de 152 cupos, ubicado en la Unidad Deportiva “El Salitre”. La sociedad asumió, entre otras obligaciones, la administración, conservación y seguridad del espacio, el pago de una contraprestación y su restitución al finalizar el plazo acordado.
En el año 2019, la sociedad solicitó continuar con el aprovechamiento económico por un año. El IDRD estableció unas condiciones que fueron aceptadas expresamente por la empresa y fijó la vigencia entre el 15 de mayo de 2019 y el 14 de mayo de 2020. Debido a la suspensión ocasionada por la emergencia sanitaria, la terminación se desplazó hasta el 14 de diciembre de 2020.
Una vez vencido el plazo, la empresa permaneció en el parqueadero y sostuvo que la afectación económica causada por la pandemia, la recepción posterior de pagos y la falta de respuesta de la entidad a sus solicitudes permitían considerar prorrogada la relación. El IDRD, por su parte, requirió la restitución del espacio.
El Tribunal precisó que la naturaleza de una relación de aprovechamiento económico del espacio público no depende del nombre de “permiso” utilizado por la administración. Cuando existen consentimiento de las partes, contraprestación y obligaciones recíprocas, se configura materialmente un contrato estatal, aunque sus condiciones estén contenidas en comunicaciones o actos expedidos por la entidad.
Aclaró que este contrato se diferencia del arrendamiento comercial porque no concede al particular un uso exclusivo del bien. La explotación económica permanece subordinada a su destinación pública, al acceso de la ciudadanía y a las facultades de dirección, vigilancia y protección del interés general que conserva la administración.
Asimismo, señaló que la prórroga de un contrato estatal debe ser expresa, formalizada por la autoridad competente y acordada antes de su vencimiento. La permanencia del contratista, la recepción de pagos posteriores, el silencio administrativo o los perjuicios económicos alegados no producen una renovación automática ni otorgan un derecho de retención sobre el bien público.
Por estas razones, confirmó la orden de restituir el parqueadero al IDRD, aunque aclaró que el vínculo correspondía a un contrato estatal de aprovechamiento económico del espacio público y no a un acto administrativo unilateral.
