Tribunal Administrativo de Cundinamarca establece que las cooperativas de trabajo asociado tienen derecho a la exoneración de aportes al ICBF por trabajadores asociados, independientemente de la naturaleza de su vinculación
Magistrada ponente: María Del Pilar Veloza Parra
La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) devolver a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada —COOSEGURIDAD CTA— los aportes parafiscales pagados sin justificación legal entre enero del año 2017 y agosto del año 2020, respecto de los trabajadores dependientes y asociados que devengaron individualmente menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. La devolución deberá incluir los intereses corrientes y moratorios correspondientes, conforme a los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.
La decisión se adoptó al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por COOSEGURIDAD CTA contra las resoluciones, mediante las cuales el ICBF negó la devolución de $2.803.221.257 solicitada por la cooperativa. La entidad consideró que la exoneración prevista en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario no comprendía a los trabajadores asociados, debido a que su vinculación con la cooperativa era de naturaleza asociativa y no laboral. Adicionalmente, aunque reconoció $277.486.211 por pagos en exceso, suspendió su devolución hasta que la cooperativa normalizara una obligación correspondiente a otros períodos o autorizara su compensación.
El Tribunal destacó que la exoneración del pago de aportes parafiscales también se aplica a las cooperativas de trabajo asociado, sin que resulte válido excluir a sus integrantes por la naturaleza jurídica del vínculo que mantienen con la organización. Precisó que, para acceder al beneficio, lo determinante es que exista una actividad personal remunerada y que cada trabajador, dependiente o asociado, perciba una remuneración inferior a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Corporación explicó que esta interpretación se ajusta al artículo 114-1 del Estatuto Tributario y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que reconoció el derecho de las entidades del sector cooperativo a la exoneración legal. En consecuencia, consideró que los aportes efectuados por COOSEGURIDAD CTA en los períodos reclamados constituían pagos de lo no debido, al haberse realizado sin una obligación legal que los justificara. Asimismo, estableció que la solicitud de devolución fue presentada oportunamente, dentro del término de cinco años contado desde cada pago.
Por otra parte, determinó que el ICBF vulneró el derecho al debido proceso administrativo al establecer, dentro del trámite de devolución, una deuda de $625.538.200 correspondiente a otros períodos, sin adelantar previamente el procedimiento de fiscalización y determinación oficial que permitiera a la cooperativa ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
En ese sentido, precisó que una entidad administradora de aportes parafiscales no puede utilizar la verificación de una solicitud de devolución para determinar nuevas obligaciones económicas sin observar el procedimiento legalmente establecido. Tampoco puede condicionar la entrega de recursos reconocidos a la compensación de una deuda que no ha sido determinada válidamente y que carece de los requisitos legales de certeza, liquidez y exigibilidad.
Por lo tanto, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó al ICBF efectuar la devolución de los aportes pagados sin causa legal, junto con los intereses correspondientes.
