Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce vulneración del derecho al espacio público en Ciudad Salitre, pero declara superada la situación por medidas de atención a migrantes venezolanos
Magistrado ponente: Oscar Armando Dimaté Cárdenas
La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que existió vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público en las inmediaciones del Terminal de Transporte de Bogotá, en el sector de Ciudad Salitre, debido a las condiciones generadas por el asentamiento de población migrante venezolana. Sin embargo, concluyó que la situación que dio origen a la acción popular había sido superada mediante las actuaciones adelantadas por las autoridades nacionales y distritales, razón por la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
La decisión se adoptó al resolver una acción popular promovida por varios ciudadanos, en la cual explicaron que el asentamiento de migrantes venezolanos en zonas verdes y espacios públicos cercanos al Terminal de Transporte de Bogotá había generado afectaciones a la seguridad, la salubridad y las condiciones de convivencia de los residentes del sector. También solicitaron ampliar las medidas de atención humanitaria y adoptar actuaciones relacionadas con la política migratoria nacional.
La Corporación estableció que la problemática denunciada sí había comprometido el derecho colectivo al espacio público, pues los informes institucionales evidenciaron la ocupación de áreas destinadas al uso común y las dificultades que esta situación representó para los habitantes de Ciudad Salitre.
No obstante, constató que, durante el trámite judicial, las autoridades adelantaron distintas actuaciones para atender la situación. Entre ellas, se destacaron el traslado de personas migrantes a un campamento humanitario, la prestación de asistencia alimentaria y servicios de salud, la identificación y caracterización de la población, así como la implementación de mecanismos de orientación y atención institucional, que permitieron superar la problemática que había motivado la acción popular. Por esta razón, concluyó que no había lugar a impartir órdenes para su protección.
La Corporación precisó que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la defensa del patrimonio público, al acceso eficiente a los servicios públicos ni a la prevención de desastres técnicamente previsibles.
Asimismo, el Tribunal consideró que no procedía ordenar la actualización del Documento CONPES 3950 de 2018 ni la adopción de política migratoria solicitada por los demandantes, al señalar que el juez de la acción popular debe ejercer sus competencias dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y no puede sustituir a las autoridades responsables de adoptar decisiones de naturaleza política.
Instó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Migración Colombia y a las autoridades distritales competentes a continuar trabajando de manera articulada para atender la problemática migratoria, mediante actuaciones orientadas a la protección de los derechos humanos de esta población vulnerable.
