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Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirma que el Departamento del Amazonas debe participar en las medidas para garantizar el agua potable en Leticia, aunque no sea el prestador directo de los servicios públicos

Magistrado ponente: Felipe Alirio Solarte Maya

La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó, en segunda instancia, la decisión judicial que ordenó al Municipio de Leticia, en coordinación con el Departamento del Amazonas y la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptar medidas para proteger los derechos colectivos al ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salubridad pública, afectados por las deficiencias en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

La decisión mantiene las órdenes dirigidas a elaborar protocolos de atención de situaciones urgentes y formular un plan de acción de corto plazo para prevenir nuevas afectaciones relacionadas con el suministro de agua potable y el saneamiento básico en Leticia.

La controversia se originó en cuatro acciones populares acumuladas, ante problemas como el rebosamiento de aguas residuales, inundaciones, malos olores, deficiencias en la recolección y disposición de residuos sólidos y dificultades en la calidad y continuidad del suministro de agua potable. Estas situaciones afectaban las condiciones ambientales y sanitarias de diferentes sectores del municipio.

El Juzgado Único Administrativo de Leticia declaró vulnerados los derechos colectivos y dispuso la adopción de medidas preventivas para evitar que las situaciones denunciadas volvieran a presentarse. Sin embargo, el Departamento del Amazonas apeló la decisión, al considerar que la prestación de los servicios públicos correspondía principalmente al municipio y a sus operadores, mientras que sus funciones se limitaban al apoyo, coordinación, financiación y seguimiento.

El Tribunal estableció que, aunque la prestación directa de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo corresponde principalmente al municipio y a los operadores, esta circunstancia no excluye las obligaciones del Departamento del Amazonas, especialmente cuando, debido a la descertificación del Municipio de Leticia, asumió la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB).

La Corporación explicó que deben distinguirse dos responsabilidades: la prestación material de los servicios públicos y la administración de los recursos destinados a garantizarlos. En consecuencia, la descertificación no convierte al Departamento en prestador directo, pero sí le atribuye competencias relevantes para contribuir a la solución de las deficiencias que afectan a la comunidad.

Precisó que las órdenes judiciales no obligan al Departamento a ejecutar directamente todas las obras o actividades propias del prestador del servicio. Su participación debe desarrollarse dentro de sus competencias de coordinación, apoyo, financiación y concurrencia, mediante una actuación articulada con las demás autoridades responsables.

El Tribunal también señaló que los avances administrativos y las actuaciones adelantadas para superar algunas de las deficiencias no eliminan la necesidad de mantener las medidas judiciales. Destacó que la acción popular tiene un carácter preventivo, por lo que resulta necesario adoptar mecanismos que eviten la repetición de las situaciones que dieron lugar a la vulneración de los derechos colectivos.

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