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Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara infundadas las objeciones del Alcalde Mayor de Bogotá al proyecto que promueve el uso de inteligencia artificial para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil

Magistrada ponente: Ana Margoth Chamorro Benavides

La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró infundadas las objeciones de ilegalidad formuladas por el Alcalde Mayor de Bogotá contra el Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, mediante el cual el Concejo Distrital estableció lineamientos generales para utilizar la inteligencia artificial (IA) como herramienta de prevención del abuso sexual infantil y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital.

La decisión se adoptó al resolver las objeciones presentadas por el alcalde Carlos Fernando Galán Pachón, quien sostuvo que el análisis de información y la identificación de patrones relacionados con conductas delictivas podían implicar el ejercicio de funciones de policía judicial por parte de dependencias administrativas del Distrito; cuestionó la competencia del Concejo para adoptar estas medidas; consideró que  podrían presentarse dificultades relacionadas con la protección de datos, la infraestructura tecnológica y los recursos necesarios para su implementación.

El Tribunal estableció que el proyecto tiene una finalidad preventiva y no atribuye a las autoridades distritales competencias de investigación penal. Explicó que el uso de inteligencia artificial está orientado a analizar información de los sistemas y observatorios existentes para identificar patrones, tendencias y factores de riesgo en localidades y barrios, así como generar alertas y recomendaciones que contribuyan a fortalecer las políticas públicas de protección de niños, niñas y adolescentes.

Precisó que las funciones de investigación de delitos corresponden a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de policía judicial, pero ello no impide que las autoridades administrativas analicen información estadística con fines preventivos. En consecuencia, consideró que las actividades previstas en el proyecto no constituyen una asignación indebida de funciones de investigación criminal.

Respecto de las competencias distritales, la Corporación señaló que la iniciativa no crea nuevas funciones ni modifica la estructura administrativa de Bogotá. Por el contrario, articula el aprovechamiento de la inteligencia artificial con los programas y entidades existentes, mientras que las labores de coordinación atribuidas a la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentran comprendidas dentro de sus competencias legales.

En cuanto al impacto fiscal, el Tribunal advirtió que no se demostró que la implementación de las medidas exigiera recursos adicionales a los previstos en los presupuestos y programas distritales. Destacó que el proyecto prioriza el uso de plataformas, sistemas de información y capacidades institucionales existentes, y contempla una incorporación progresiva de la tecnología, de acuerdo con la disponibilidad técnica y presupuestal del Distrito.

Asimismo, la Corporación tuvo en cuenta que la iniciativa se enmarca en las políticas públicas de protección integral de la infancia y la adolescencia, particularmente en el deber de prevenir situaciones de abuso y explotación sexual, y que su implementación debe observar las garantías de privacidad, protección de datos personales y uso ético de la inteligencia artificial.

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