Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprueba conciliación por graves violaciones de derechos humanos
Magistrado ponente: Andrew Julián Martínez Martínez
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó un caso relacionado con la reparación de los daños causados con la persecución estatal en contra de una defensora de derechos humanos y su familia, quienes fueron objeto de actividades ilegales de inteligencia, interceptaciones y seguimiento por parte de organismos de seguridad, en un contexto de hostigamiento a líderes sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que estos hechos vulneraron derechos como la integridad personal, la honra, la libertad de expresión, asociación y las garantías judiciales.
La Corporación aprobó el acuerdo de conciliación prejudicial suscrito entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las víctimas, derivado de la responsabilidad internacional declarada contra el Estado colombiano.
Verificó que el acuerdo cumplía con los requisitos legales, incluyendo la existencia de la decisión de la CIDH, el concepto favorable del Comité de Ministros, la legitimación de las partes y que la conciliación recayera sobre derechos económicos disponibles, como la indemnización por perjuicios morales y daño a la salud.
Resaltó que las reparaciones reconocidas atienden los estándares fijados por el Consejo de Estado y el derecho internacional, en particular frente a las afectaciones psicológicas derivadas de la persecución estatal sufrida por las víctimas.
Finalmente, precisó que en estos casos no opera la caducidad de las acciones, dado que la Ley 288 de 1996 dispone el cumplimiento de decisiones internacionales que ordenen indemnizar a las víctimas, incluso respecto de hechos ocurridos años atrás. Por ello, aprobó la conciliación al considerar que garantiza la reparación integral sin generar detrimento patrimonial para el Estado.
