TAC ordena al Ministerio de Salud e INVIMA continuar con el Plan Urgente ante el desabastecimiento de medicamentos, tras confirmar vulneración de derechos colectivos
Magistrado ponente: Luis Manuel Lasso Lozano
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -TAC- ordenó una serie de acciones para garantizar los derechos colectivos a la seguridad, salubridad, y el acceso eficiente al servicio de salud, tras declarar vulneraciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, el INVIMA, y otras entidades del sector salud.
Entre las principales órdenes impartidas se incluye la creación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social e integrada por entidades gubernamentales, farmacéuticas, instituciones de salud, representantes de pacientes, y académicos. Esta instancia deberá diseñar una nueva política farmacéutica nacional que contemple:
Reformulación de la política de control de precios de medicamentos y dispositivos médicos.
Promoción de genéricos, subastas inversas, y negociaciones de precios marco.
Creación de un sistema público y dinámico de datos sobre precios e inventarios.
Fortalecimiento del INVIMA para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos.
Diseño de una política nacional de investigación y desarrollo farmacéutico para garantizar la autonomía sanitaria.
Adicionalmente, el tribunal ordenó al INVIMA continuar con el plan de respuesta urgente frente al desabastecimiento, y a las superintendencias de Industria y Comercio y Nacional de Salud investigar prácticas irregulares relacionadas con sobrecostos y desviación de recursos.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) deberá gestionar el reintegro de recursos obtenidos por sobrecostos en medicamentos, involucrando a empresas y entidades específicas mencionadas en el fallo.
El objetivo es asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, promover el acceso equitativo a medicamentos, y evitar prácticas que perjudiquen el patrimonio público y los derechos de los usuarios. La implementación de estas medidas será supervisada mediante informes periódicos y seguimiento por parte del Tribunal.
