Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisa los deberes de las víctimas de desplazamiento para acceder a la exención del servicio militar
Magistrado ponente: José Élver Muñoz Barrera
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la indemnización solicitada por un joven, víctima de desplazamiento forzado, que fue incorporado al Ejército Nacional, pese a estar exento de prestar el servicio militar. El Tribunal concluyó que el daño fue ocasionado por la conducta de la propia víctima, quien no adelantó oportunamente los trámites mínimos para definir su situación militar, solicitar su inscripción en el registro de víctimas o informar que ese procedimiento se encontraba en curso.
La decisión se adoptó en un proceso de reparación directa, en el cual se expuso que, en julio del año 2014, un joven fue incorporado al Ejército Nacional como soldado regular y trasladado a una unidad militar en Arauca. Aunque su familia había sufrido desplazamiento forzado años antes, para el momento del reclutamiento no había solicitado su inscripción ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ni figuraba en los registros públicos correspondientes.
La solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas fue presentada en enero del año 2015, seis meses después de la incorporación. El Ejército Nacional ordenó el desacuartelamiento del joven en febrero de ese año y se lo notificó en abril, mientras que su núcleo familiar fue incluido en el registro en mayo de ese año.
El afectado y su madre solicitaron condenar al Ejército Nacional a pagar una indemnización por los perjuicios derivados de la incorporación. En primera instancia se declaró responsable a la entidad militar y se reconocieron perjuicios morales.
El Tribunal reconoció que las víctimas de desplazamiento forzado estaban exentas de prestar el servicio militar obligatorio y que la incorporación de una persona beneficiaria de esa excepción constituye un daño antijurídico, porque le impone una carga pública que legalmente no debía soportar.
Sin embargo, precisó que la exención no elimina el deber de definir la situación militar ni opera automáticamente. Para hacerla efectiva, la persona debía acudir oportunamente al distrito militar y manifestar su condición o informar, al momento del reclutamiento, que había solicitado su inscripción o que ya estaba incluida en el Registro Único de Víctimas.
En este caso, no se acreditó que el joven hubiera iniciado el trámite de reconocimiento como víctima antes de su incorporación, que figurara en alguna base de datos pública o que hubiera adelantado gestiones suficientes durante los primeros meses del servicio. La Corporación también consideró insuficiente el testimonio aportado para demostrar que el Ejército Nacional conocía oportunamente su condición, debido a las contradicciones advertidas en el relato.
Por lo anterior, el Tribunal concluyó que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues su falta de diligencia fue determinante en la incorporación indebida. En consecuencia, revocó la condena impuesta en primera instancia y negó las pretensiones indemnizatorias.
