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Tribunal Administrativo de Cundinamarca ampara derecho a la nacionalidad de un menor nacido en Venezuela e hijo de madre colombiana

Magistrada ponente: Edith Alarcón Bernal

La Corporación revocó la decisión de primera instancia y concedió el amparo de los derechos fundamentales a la nacionalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al debido proceso administrativo y al interés superior de un menor nacido en Venezuela, al concluir que la Registraduría Nacional del Estado Civil le impuso exigencias no previstas en la ley para reconocer su nacionalidad colombiana por nacimiento.

La decisión se adoptó al resolver una acción de tutela promovida por la madre del menor contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de su hijo por la negativa de la entidad a culminar el trámite de inscripción extemporánea de su nacimiento ocurrido en Venezuela. La accionante sostuvo que, pese a acreditar su condición de colombiana por nacimiento, la Registraduría condicionó el reconocimiento de la nacionalidad a la corrección del registro civil venezolano y al cumplimiento de exigencias no contempladas en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal concluyó que la inconsistencia material contenida en el registro civil extranjero sobre el lugar de nacimiento de la madre no podía convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por filiación, toda vez que durante el trámite quedó plenamente acreditado que la accionante nació en Cali, ostenta la calidad de colombiana por nacimiento y el menor reúne los requisitos previstos en el artículo 96 de la Constitución para adquirir la nacionalidad colombiana por el principio del ius sanguinis.

La Corporación precisó que la competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil no se limita a expedir el registro civil, sino que comprende el deber de garantizar que los hijos de colombianos nacidos en el exterior puedan acceder al reconocimiento de su nacionalidad, removiendo las barreras administrativas que obstaculicen el ejercicio efectivo de este derecho fundamental. Así mismo, señaló que las autoridades no pueden convertir formalidades o errores materiales en exigencias que desconozcan la prevalencia del derecho sustancial, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes sujetos de especial protección constitucional.

Finalmente, se advirtió que el menor, próximo a alcanzar la mayoría de edad y titular únicamente de un Permiso por Protección Temporal (PPT), enfrentaba un riesgo de apatridia y exclusión social si no se formalizaba oportunamente su derecho a la nacionalidad colombiana, razón por la cual ordenó a la Registraduría culminar el trámite de inscripción extemporánea del nacimiento y reconocer su nacionalidad sin imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley.

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