Boletín Jurisprudencial No.53

Editorial

Durante el primer trimestre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un conjunto de decisiones que reflejan la amplitud y complejidad de los asuntos sometidos a control judicial.
En materia electoral, la Corporación examinó diversos nombramientos en el alto gobierno, confirmando algunos —como los de la embajadora en el Reino Unido y el ministro del Interior— y anulando otros por incumplimiento de requisitos legales, incluida la aplicación estricta de la Ley de Cuotas. Estas decisiones reiteran la importancia del principio de legalidad y del control judicial frente al acceso a los cargos públicos.
En el campo de los derechos colectivos y el medio ambiente, el Tribunal adoptó órdenes trascendentales para la protección de ecosistemas estratégicos y especies vulnerables, como el humedal La Chucuita y la fauna afectada por la pesca incidental. De igual forma, impartió directrices para la preservación del patrimonio cultural y la mejora de la gestión ambiental y urbanística en los territorios, reafirmando el deber de las autoridades de garantizar un entorno sano y equilibrado.
También sobresalieron decisiones relativas a la garantía de derechos fundamentales en actuaciones judiciales y el amparo de la unidad familiar de niños migrantes frente a barreras administrativas desproporcionadas.
La Corporación reforzó además la necesidad y el deber de aplicar enfoques diferenciales en los casos de violencia de género y de población en situación de vulnerabilidad.
En asuntos contractuales se analizó la estabilidad normativa como mecanismo para la protección de inversiones lícitas y la facultad del Ministerio Público para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa del ordenamiento jurídico.
Finalmente, el Tribunal resolvió asuntos de relevancia en materia económica y tributaria, incluyendo la ratificación de sanciones por prácticas contrarias a la libre competencia, la determinación del régimen aplicable a profesionales independientes para efectos impositivos.
En conjunto, estas decisiones evidencian el rol del Tribunal como garante del orden jurídico, del interés público y de la protección efectiva de derechos en múltiples ámbitos de la vida nacional.