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Magistrada

Patricia Salamanca Gallo
Presidenta
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026

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Boletín Jurisprudencial No.55

Durante el tercer trimestre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió decisiones de especial relevancia para la protección de los derechos fundamentales y colectivos, el control de la actividad estatal y la defensa de los principios constitucionales que orientan el Estado Social de Derecho. Las providencias seleccionadas en esta edición reflejan el impacto de la función judicial en asuntos de interés nacional y regional.

En la Sección Primera, se destacan decisiones relacionadas con la protección del patrimonio público, la defensa del ambiente, la garantía de laicidad del Estado y la prestación de servicios esenciales. La Corporación adoptó importantes determinaciones en torno al nuevo modelo de pasaportes, la administración de los recursos del SIMIT, la recuperación de bienes de interés cultural, la crisis de salud en el Chocó y la protección de los ecosistemas afectados por la desviación del arroyo Bruno.
La Sección Segunda abordó asuntos de función pública, régimen prestacional y control disciplinario. Sobresalen los pronunciamientos sobre estabilidad laboral, sustitución pensional, reconocimiento de derechos económicos a integrantes de la Fuerza Pública, edad de retiro forzoso de los notarios y garantías derivadas de la prescripción de la acción disciplinaria.

Por su parte, la Sección Tercera profirió decisiones de gran trascendencia en materia de responsabilidad estatal y contratación pública. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la muerte de Dilan Cruz, la reparación a la familia del periodista Guillermo Cano Isaza, las consecuencias derivadas de los hechos de corrupción asociados al caso Odebrecht y la responsabilidad de la Cancillería frente a la repatriación de un ciudadano colombiano en condición de vulnerabilidad.

La Sección Cuarta fortaleció la seguridad jurídica en asuntos tributarios, regulatorios y territoriales mediante decisiones sobre devoluciones fiscales, procedimientos sancionatorios, licencias urbanísticas, regulación económica y tarifas del impuesto predial.
En materia constitucional, las acciones de tutela abordaron temas relacionados con seguridad social, nacionalidad, protección de poblaciones vulnerables, derecho al refugio, enfoque de género y muerte digna. En acciones de cumplimiento, la Corporación impulsó la observancia efectiva de mandatos legales relacionados con la transparencia institucional, la autonomía sanitaria, la transformación digital, el empleo formal de las víctimas y la preservación del patrimonio cultural. Finalmente, en pérdida de investidura, la Sala Plena precisó los alcances del conflicto de intereses al negar la solicitud presentada contra un diputado del departamento del Amazonas.
Las decisiones reseñadas evidencian el compromiso permanente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la legalidad, la protección de los derechos y la consolidación de una administración pública transparente y respetuosa de la Constitución.

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