El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena fortalecer medidas para combatir la obesidad infantil y vigilar el cumplimiento del etiquetado frontal de alimentos
Magistrado ponente: Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -TAC-
Sección Primera, Subsección B, con ponencia del magistrado MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN, declaró la amenaza a los derechos colectivos a la salubridad pública y de los consumidores por el incremento de los índices de obesidad en Colombia, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
La decisión adoptada dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Jorge Iván Piedrahita Montoya contra el Ministerio de Salud y otras entidades— ordena a las autoridades nacionales y gremios empresariales reforzar las políticas públicas de prevención y educación alimentaria, así como el seguimiento del etiquetado frontal de advertencia establecido en la Ley 2120 de 2021 (“Ley Comida Chatarra”).
El fallo dispone que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá:
- Fortalecer el monitoreo del cumplimiento del etiquetado frontal y sus resoluciones reglamentarias.
- Diseñar un paquete escolar integral de guías y menús saludables en coordinación con el Ministerio de Educación y el ICBF.
- Actualizar las guías alimentarias para población infantil y adolescente con enfoque territorial.
- Implementar campañas masivas contra el mercadeo de productos ultraprocesados dirigidos a menores de edad.
Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional deberá incluir en los currículos escolares contenidos obligatorios sobre alfabetización alimentaria y consumo crítico de alimentos ultraprocesados.
El Tribunal también ordenó a la ANDI y a FENALCO promover acciones concretas entre sus asociados para contribuir a la reducción de la obesidad infantil. La ANDI deberá establecer compromisos verificables de reducción de nutrientes críticos y códigos de publicidad responsable, mientras que FENALCO deberá implementar protocolos de “góndolas saludables” y capacitaciones para tenderos.
El fallo resalta que la obesidad infantil constituye una prioridad de salud pública, al advertir que su incremento afecta la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad del sistema de salud. Por ello, el Tribunal exhortó a las autoridades, la industria y la sociedad civil a adoptar medidas conjuntas que garanticen entornos alimentarios saludables y reduzcan los factores que impulsan el consumo de productos con exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas.
