Tribunal Administrativo de Cundinamarca protege derechos de colombiano residente en España por demora en trámite de pensión por incapacidad
Magistrada ponente: Mirtha Abadía Serna
La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca protegió los derechos fundamentales de petición, seguridad social y debido proceso de un ciudadano colombiano residente en España, luego de establecer que la falta de coordinación entre el Ministerio del Trabajo y AFP Protección retrasó la certificación de sus semanas cotizadas en Colombia, documento indispensable para que las autoridades españolas resolvieran su solicitud de pensión por incapacidad permanente.
La acción se originó debido a que un ciudadano adelantaba ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social de España el reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente. Para resolver la solicitud, la entidad española requirió la certificación de los periodos cotizados en Colombia, información que debía ser suministrada por AFP Protección S.A. y remitida dentro del trámite internacional.
La Corporación estableció que las demoras en la actuación tuvieron consecuencias directas para el accionante, pues el Instituto Nacional de la Seguridad Social de España (INSS) negó inicialmente la prestación. El Ministerio del Trabajo incumplió su función como organismo de enlace al no impulsar oportunamente la solicitud formulada por la autoridad española. Por su parte, AFP Protección S.A. no remitió la información sobre las semanas cotizadas ni adelantó oportunamente las actuaciones necesarias para determinar la procedencia de la pensión de invalidez.
En consecuencia, el Tribunal ordenó a la AFP Protección S.A. calificar la pérdida de capacidad laboral, adelantar el trámite pensional que le corresponde conforme a la legislación colombiana y remitir al Ministerio del Trabajo la documentación y la información sobre los periodos cotizados en Colombia, para su envío al Instituto Nacional de la Seguridad Social de España. Con esos elementos, las instituciones competentes podrán determinar la prestación teniendo en cuenta las cotizaciones acreditadas en ambos países.
